Existen innumerable motivos por los que la implantación del software libre debe ser una prioridad para cualquier organización democrática (y más aún para las instituciones que gestionan dinero público y dan servicios públicos): alarga la vida útil del hardware, impide que la organización sea secuestrada por contratos de servicios sujetos a propiedad intelectual tanto de la empresa creadora del software como de aquella que adquiera ciertos derechos, el SL puede generar ecosistemas de economía de servicios y desarrollo local, garantiza estándares abiertos e interoperables, evita pagar costes de licencias, permite modificaciones y adaptaciones (incluyendo las que pueda hacer el personal técnico de la institución), permite compartir esas mejoras para que otras organizaciones se beneficien de ellas y reviertan igualmente sus mejoras, posibilita y facilita la cooperación para futuros desarrollos y mejoras del código, genera comunidades, etc.